Clausuran la comisaría Octava de La Plata por «graves condiciones de detención»

La Justicia ordenó la clausura de los calabozos de la comisaría Octava de La Plata tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Se constató que el lugar estaba en condiciones inhumanas de detención como hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y presencia de roedores, entre otras.

Los familiares de los detenidos comenzaron a denunciar ante la CPM cómo eran las condiciones del lugar y el organismo actuó en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura (MLPT). El relevamiento presentado ante la justicia platense advirtió que entre 40 y 45 personas estaban alojadas en un espacio de 16 m2, el cual debería ser habitado por solo 3. Ese mismo lugar no contaba con ventilación ni acceso a baños y que el suministro de agua dependía del personal policial y de los familiares, quienes les llevaban botellas.

Se registró la presencia de ratas y otros roedores, lo que obligaba a los detenidos a envolver sus alimentos en bolsas y a colgarlos para evitar la contaminación.

En el mismo documento denunciaron un trato cruel de parte del personal policial. Indicaron que durante el horario de visita, la mitad de los detenidos eran trasladados de celda y, al finalizar, volvían a ser hacinados en el mismo espacio reducido. Muchos dormían de pie ya que no tenían lugar para acostarse y quienes sí, lo hacían sobre el cemento.

La inexistencia de atención médica es otra de las graves violaciones denunciadas. Los detenidos no tenían acceso regular a controles médicos ni a medicamentos, incluso en casos de enfermedades crónicas o dolencias urgentes.

Varias de estas situaciones vulneraban los derechos humanos de los detenidos, motivo por el cual, y tras un peritaje de la estructura que confirmó la deficiencia y la nulidad del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad, la Justicia clausuró los calabozos y trasladaron a los detenidos a otros establecimientos habilitados.

El juez de Garantías de Cañuelas Martín Miguel Rizzo ordenó que se investigue la posible comisión de delitos de parte de los funcionarios policiales y dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia presente en 15 días un plan de reparación integral del edificio.

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