Una auditoría encargada por el intendente marca que más de la mitad de los empleados no va a trabajar. Contratos a prófugos y liquidaciones salariales a fallecidos.

Julio Alak prepara una denuncia penal contra su predecesor en la intendencia de La Plata, Julio Garro. El motivo surge de la auditoria que el exministro de Justicia de Kicillof encargó para relevar el estado del plantel municipal y que arrojó que el 56% de los empleados no asiste a trabajar.

Sobre esa base, en la comuna platense describen una serie de «contrataciones irregulares» que van desde personas con antecedentes penales graves, una de ellas prófuga, pasando por detenidos, hasta liquidaciones salariales a una persona que falleció en 2021 pero percibió haberes hasta 2023.

También, Alak denunció que casi 1.500 empleados cobraban sueldos del municipio a pesar de no existir el decreto de nombramiento y que algunos revestían cargos en otros organismos.

La auditoría externa encargada a la Asociación de Auditores Internos del Estado ilustra actos de «gravedad administrativa» de la pasada gestión PRO y detalla que, sobre más de 12.500 agentes municipales, el 20% permanece ausente con carpeta médica y un 36% directamente no registra actividad.

Buena parte de esos contratos que estaban bajo la lupa del municipio, Alak decidió no renovarlos. 

«Con este nivel de ausentismo, nuestra administración tiene la obligación de no renovarlos porque, si lo hacemos, sería un delito penal», dijo Alak en declaraciones al diario local El Día.

En ese marco, el intendente platense aseguró que frente a «un caso escandalosamente grave» en su gestión «no tenemos otra alternativa» que presentar una denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación la efectuará una vez que finalice el relevamiento de la planta municipal.

En paralelo, Alak instaló el sistema biométrico para fiscalizar el ingreso de los empleados mediante el escaneo de la huella digital. Tras esa medida, en la delegación de Los Hornos un grupo de empleados destrozó a martillazos el sistema de control, en un episodio que marca la tensión que flota en algunas dependencias municipales.

Ese hecho se suma a la conflictividad persistente entre la nueva gestión y uno de los gremios municipales que permanece con retención de tareas.

En el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata denuncian «despidos injustificados» y «notorias irregularidades en la liquidación de los haberes de enero». En algunas oficinas municipales identifican a ese gremio como «cercano» a la pasada administración.

Con esa percepción, en la comuna buscan abrir canales de diálogo con UPCN y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales en un contexto donde, aludiendo al delicado panorama financiero heredado, Alak determinó el pago escalonado de los salarios de enero.

Esa decisión disparó la reacción del PRO en el Concejo Deliberante, donde presentaron un pedido de informes.

«Sabemos que el problema no es financiero, en las arcas municipales está el dinero necesario para abonar los haberes correspondientes. Incluso en diciembre la Provincia de Buenos Aires saldó una deuda con la municipalidad después de muchísimo tiempo», dijo la concejal Julia Matheos, alineada a Garro.

Como contó LPO, el regreso del peronismo -en general- y de Alak -en particular- a la intendencia de la capital bonaerense representó una fuerte apuesta de Axel Kicillof para consolidar un bastión regional con otros dos distritos gobernados por intendentes cercanos al gobernador, Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso).

En plan de mostrar cuanto antes «capacidad de gestión», en el municipio hablan de un periodo de «reconstrucción» donde también se pretende reconfigurar la contratación de cooperativas, aspecto sobre el que también plantean sospechas sobre algunas contrataciones y sus posibles vínculos con la pasada gestión «como instrumentos político-electoral».