¿Cómo está la causa penal por la inundación de La Plata?
A 12 años del trágico 2 de abril de 2013, la Justicia volvió a analizar la causa por la peor inundación en la historia de La Plata.
El 2 de abril de 2013 quedó marcado como el día de la peor catástrofe en la historia de La Plata. Con lluvias que superaron los 400 milímetros en pocas horas, la ciudad quedó sumergida en el agua y el barro y la inundación dejó un saldo oficial de al menos 89 muertes, aunque las víctimas fatales podrían haber sido muchas más.
A 12 años, la Justicia analizó nuevamente la causa judicial que busca determinar responsabilidades por la falta de previsión, respuestas tardías y presuntas irregularidades en los registros oficiales de fallecidos. Sin embargo, la fallida reapertura del expediente también expone el escaso avance en obras hídricas fundamentales para evitar otra tragedia.
La causa por aquella tragedia en La Plata ha pasado por diferentes etapas, desde la investigación inicial sobre la cifra real de víctimas hasta la responsabilidad de funcionarios municipales y provinciales de aquel momento.
El 3 de abril de 2023 el abogado y damnificado Ricardo Wagner hizo una nueva presentación para que se vuelva a investigar lo sucedido, pero esta no prosperó. Luego de varias semanas la presentación estuvo en otro laberinto judicial hasta que llegó a manos del fiscal Juan Menucci. Tras analizar el planteo, el letrado consideró que no había elementos nuevos y que ya todo había sido resuelto. La investigación volvió al archivo.
Obras prometidas en La Plata
Uno de los ejes de la causa fue la falta de avances en las obras hidráulicas que, según especialistas, podrían haber mitigado la tragedia. Tras la inundación de 2013, la Provincia anunció un ambicioso plan de infraestructura hídrica que incluía la ampliación y adecuación de los arroyos del Gato, Maldonado y el sistema de desagües en distintos barrios críticos de la ciudad. Sin embargo, muchos de estos proyectos avanzaron con demoras o quedaron a medio camino.
Según un informe del Centro de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, «las obras estructurales se desarrollaron de manera desigual, con algunas finalizadas, otras con serios atrasos y muchas sin siquiera haberse iniciado». La situación mantiene en vilo a los vecinos, especialmente en zonas como Tolosa, Ringuelet y Los Hornos, donde el riesgo de inundaciones sigue latente.
Roles y falta de respuestas
Desde el Gobierno provincial, las respuestas han sido escasas. A lo largo de las gestiones de Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, hubo compromisos para acelerar las obras, pero la realidad muestra que los plazos se dilataron y la inversión quedó por debajo de lo prometido. La falta de mantenimiento de los desagües pluviales, sumada a la urbanización desordenada de los últimos años, sigue poniendo en riesgo a miles de platenses.
Con la falta de respuestas de los distintos gobiernos y la incertidumbre sobre la seguridad hídrica de La Plata, la justicia, una vez más, deberá poner la lupa sobre una deuda histórica con la ciudad.
Por la trágica inundación, la Justicia reconoció al menos 89 personas fallecidas, pero una investigación periodística publicada en el libro 2A. El naufragio de La Plata, de Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler, establece un número mayor de víctimas fatales.
En un juicio abreviado, en marzo del año 2019, se condenó a un funcionario municipal de menor rango quien abonó una irrisoria multa y el caso quedó cerrado. «Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil»: con esa frase Sergio Ariel Lezana se convirtió en el único condenado por la trágica inundación que golpeó a la capital bonaerense. La pena a cumplir fue insólita: un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y el pago de una multa de $12.500. Su abogado defensor fue Juan Di Nardo.
¿Qué planteaba la nueva denuncia fallida?
La documentación de la última denuncia a la que accedió este medio se señala que «el juicio que debería ser considerado como el juicio de la verdad sobre la inundación de La Plata en el 2 y 3 de abril del 2013, ha concluido en el juicio del encubrimiento y de la impunidad». Para Wagner, el denunciante, la trágica inundación «no supone un escenario jurídico distinto a lo sucedido con la tragedia Once, de Cromañón y la inundación de Santa Fe, en las que jueces y fiscales declararon, acusaron y condenaron a funcionarios con rango de ministro por el delito de estrago».
«Las tareas realizadas por la Unidad Funcional de Instrucción a cargo, han sido direccionadas a efectuar la protección hacia el poder político no excluyendo la hipótesis de un delito menor, no existiendo duda alguna que las tareas se realizaron con pleno conocimiento de que la situación a juzgamiento debió haber sido otra en referencia a los responsables directos como la clasificación legal; se limitó a investigar el delito de violación de deberes de funcionario público», se describe en la denuncia que dio la apertura a la nueva investigación que ya lleva más de un mes y permanece estancada.
El denunciante considera que «se han negado a producir pruebas conducentes y que pongan en blanco sobre negro el rol que cumplieron altos funcionarios provinciales, nacionales y municipales, verdaderos depredadores del sistema institucional». En esa línea agrega además que en distintos expedientes se detalla que durante la gestión bonaerense de Scioli «se verificó por el Gobierno provincial una sub ejecución de partidas del presupuesto del programa ‘Control de Inundaciones’, que fue creado en 2010 y que fueron destinados a otros fines».
Los pedidos de informe
La denuncia de Wagner también apunta a los numerosos pedidos de informe que fueron solicitados oportunamente. «Como es sabido uno de los modos por el que los gobernantes de turno se hacen del dinero público es mediante la no ejecución de la obra que se presupuesta y por esa motivación solicitamos en tiempo y forma a la fiscalía actuante se oficiaran», destaca el escrito y detalla las solicitudes elevadas a los distintos organismos del Estado:
Pedidos similares se cursaron al Ministerio de Infraestructura de la Nación y la Auditoria General para que informe si en los años 2010,2011, y 2012 tenía fondos disponibles para el «Proyecto de Prevención de inundaciones y Drenaje Urbano», financiado con un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y un aporte de más de 1.973.000 millones de pesos del propio Estado, y si con esos fondos se realizó alguna obra de infraestructura en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada.
A la Contaduría General de la Provincia, para que en relación a esos años informara cuales fueron las partidas para el programa «Saneamiento Hidráulico» y «Control de Inundaciones» y cuál fue el grado de ejecución y destino de los fondos, ídem respecto a «Agua Potable, Alcantarillado y Desagües Pluviales» indicando porcentajes utilizados cada año y comparativos entre ellos y si hubo sub ejecución.
También se solicitó «al Ministerio de Infraestructura bonaerense para que informe cual fue la inversión en el área de desagües y drenaje en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y cuál fue el porcentaje en relación al gasto total para cada uno de esos años, y si medió sub ejecución».
Pero ninguno de esos planteos tuvo su correlato en sede judicial. «La fiscalía se opuso a que se produjera esa prueba expresando que privilegiaba la celeridad del proceso a fin de que se juzgara el ‘delito de violación de deberes de funcionario público’, cuando se solicitó en reiteradas oportunidades tanto el cambio de calificación como la extensión de la responsabilidad al gobernador (Scioli), al intendente (Pablo Bruera) y al ministro de Infraestructura negándolas sistemáticamente», sentencia la denuncia.
A 12 años de la mayor tragedia social por cuestiones de la naturaleza que golpeó a la capital bonaerense, la población sigue sin tener respuestas sobre las responsabilidades políticas de ese desastre. Los denunciantes advierten que se trata de una tragedia que se puede repetir ante una situación similar.