El Gobierno de Javier Milei profundizará el ajuste y premiará a los funcionarios nacionales que reduzcan el personal que tienen a cargo.
El Gobierno nacional implementó una medida que otorga incentivos salariales adicionales a funcionarios que logren reducir la dotación de personal en sus respectivas áreas. La decisión, formalizada a través de la Decisión Administrativa N° 7/2025 y publicada este jueves en el Boletín Oficial, encendió una fuerte controversia y generó el rechazo en diversos sectores.
La normativa establece que las «unidades retributivas adicionales» serán asignadas a las autoridades superiores en función del ahorro presupuestario derivado de la disminución de personal en cada jurisdicción.
El incentivo económico está dirigido a funcionarios políticos incorporados al régimen de Gabinete de Asesores. El Gobierno argumenta que esta medida busca «otorgar suplementos extraordinarios fundados en indicadores objetivos de productividad».
Según el anexo de la decisión administrativa, las asignaciones de unidades retributivas se distribuyen de la siguiente manera:
La medida ha sido duramente criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de la seccional porteña del gremio, Daniel «Tano» Catalano, expresó su descontento en las redes sociales señalando que los despidos en la Administración Nacional se traducen en aumentos salariales para las autoridades superiores.
Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la iniciativa como propia de un «Gobierno de mercenarios» y anunció una jornada de protesta frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce el platense Federico Sturzenegger; para exigir la reincorporación del personal despedido.
En contraste, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, no emitió declaraciones sobre la medida y, hasta el momento, solo ha confirmado su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril.
Mientras tanto, Sturzenegger defendió la iniciativa destacando la reducción del 34,9% en los cargos jerárquicos como parte de los esfuerzos por disminuir el gasto político en el sector público.
Esta medida se enmarca en la política del Gobierno de reducir la estructura estatal y promover la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, las críticas apuntan a que los ahorros generados por los despidos no se destinan a los sectores más afectados, sino a incrementar los ingresos de los altos funcionarios.