El Gobierno oficializó a la SIGEN como auditora de las universidades nacionales
El Poder Ejecutivo decidió definir qué organismo llevará a cabo el control de gastos de las universidades.
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, informaron fuentes oficiales.
«A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 es de aplicación a las universidades nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521», señala el dictamen.
Hasta ahora, la SIGEN no podía auditar a las universidades debido a un dictamen firmado por Carlos Zannini, que determinó que las previsiones de control interno contenidas en la Ley 24.156 no eran aplicables a las casas de estudio.
Tal como había trascendido, la decisión se las habían comunicado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo a los diputados del PRO y del MID que participaron de las habituales reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada.
Un día después de aquel encuentro, se firmó el dictamen en el que se indicó que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y «no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes».